El Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la ampliación de la detención de Yerko Mendoza Carrasco (27 años), imputado por el femicidio de Patricia Ojeda, una funcionaria municipal de 32 años que fue asesinada en la localidad de Labranza.
Con esta medida, la audiencia de formalización de cargos quedó programada para la mañana de este lunes 29 de junio.
El fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Jorge Mandiola, explicó que la prórroga de la detención era un paso indispensable para el correcto desarrollo del proceso judicial, ya que el tribunal requería de un antecedente científico clave.
“Frente a la falta de un antecedente tan importante como es el protocolo de autopsia, que debe ser elaborado por el Servicio Médico Legal (SML), se acogió la petición para poder formalizar y realizar las solicitudes cautelares con todos los antecedentes disponibles”, señaló el persecutor.
Dinámica de los hechos e intervención policial
De acuerdo con los antecedentes preliminares del caso, durante la mañana del viernes recién pasado, el imputado habría ingresado al domicilio de la víctima forzando una ventana.
Esta acción activó la alarma de la vivienda, alertando de inmediato a la Central de Comunicaciones de Carabineros.
Al llegar al inmueble, el personal policial solicitó el ingreso. Ante la falta de respuesta y evaluando un riesgo inminente en el interior, los efectivos decidieron acceder a la propiedad.
Fue en ese momento cuando el sospechoso advirtió desde una de las habitaciones que portaba un arma de fuego, obligando el repliegue preventivo de Carabineros para solicitar el apoyo de unidades especializadas.
Minutos más tarde, el hombre salió de la casa de manera voluntaria y se procedió a su arresto.
Respecto a si la funcionaria municipal aún se encontraba con vida al momento de la llegada de la policía, el fiscal Mandiola puntualizó que “eso no se ha logrado establecer y es materia de investigación”.
Aclaración sobre denuncias previas
El caso ha despertado debate público debido a la existencia de una denuncia previa por violación que la víctima había presentado contra el agresor. Ante esto, la Fiscalía aclaró que sí se había solicitado oportunamente la detención de Mendoza Carrasco. Sin embargo, debido a que la denuncia se interpuso varios días después de ocurridos esos hechos, ya no aplicaba la figura delictiva de flagrancia.
”Lo que hizo el Ministerio Público fue solicitar una orden de detención verbal al tribunal, y el tribunal, dentro de sus facultades legales, decidió no acceder a esa petición”, detalló Mandiola. En su lugar, el juzgado había decretado las medidas cautelares habituales para casos de violencia intrafamiliar, tales como la prohibición absoluta de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima o su hogar.
El fiscal declinó calificar la decisión del tribunal como un error, argumentando que no le corresponde a la Fiscalía evaluar las facultades legales de los jueces.
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