¿A costa de quiénes se sostiene este olvido? En términos simples, la medida implica que bancos y casas comerciales deberán eliminar de sus registros el historial de deudas incobrables prescritas con más de cinco años de antigüedad, sin mantener antecedentes que limiten el acceso a sus productos.
Para quienes han manifestado reparos frente a esta iniciativa, como la CMF, la ABIF y el Banco Central de Chile, existen razones atendibles. Una deuda prescrita no equivale a una deuda pagada. Cuando alguien nos solicita dinero, ¿lo entregamos sin más? Probablemente nos preguntamos si podrá devolverlo, si ha solicitado recursos antes o cuál es su nivel de endeudamiento. La intención de pago, por sí sola, no basta.
Las instituciones administran recursos procurando reducir riesgos. La evaluación para otorgar un crédito requiere información actual e histórica que permita adoptar una decisión fundada. Si se restringe el acceso a esos antecedentes, las entidades podrían actuar con mayor cautela, elevar el costo del financiamiento o limitar las operaciones a plazo, afectando a quienes necesitan recurrir al crédito.
Incluso quienes mantienen una conducta crediticia intachable podrían verse perjudicados. Al disminuir la posibilidad de distinguir entre perfiles de riesgo, podrían perder acceso a mejores tasas, plazos u otros beneficios, porque las instituciones tenderían a adoptar criterios más conservadores.
Cabe recordar que dos de cada tres personas que ingresaron al sistema de deuda entre 2012 y 2013 volvieron a hacerlo luego de ser favorecidas por la denominada “Ley Dicom”. Asimismo, uno de cada cinco beneficiados volvió a presentar morosidades. A ello se suma que el Informe de Deuda Morosa USS-Equifax del primer trimestre de 2026 señala que una de cada cuatro personas registra impagos. Eliminar información, por tanto, no asegura que no existan reincidencias.
El olvido tampoco contribuye necesariamente a consolidar una cultura de responsabilidad comercial y financiera y puede perjudicar a quienes han mantenido un buen comportamiento crediticio. Uno de los pilares del sistema financiero es contar con un marco legal que establezca derechos y obligaciones razonables para oferentes y demandantes. En este caso, ese equilibrio podría alterarse.
La regulación es necesaria, pero cada entidad debiese conservar la facultad de decidir con quién realiza una transacción y qué antecedentes considera pertinentes para evaluarla, especialmente cuando compromete sus propios recursos. De lo contrario, se genera una asimetría de información, en el sentido planteado por Akerlof, que aumenta la incertidumbre, el riesgo y los costos.
Es posible comprender y respaldar el propósito de avanzar hacia una mayor inclusión financiera e incorporar a sectores postergados. Sin embargo, ese objetivo no debiera alcanzarse restringiendo la capacidad de decisión de quienes asumen el riesgo ni perjudicando a quienes han mantenido un comportamiento responsable. De lo contrario, pueden terminar pagando justos por pecadores.
Una alternativa más adecuada sería generar condiciones que permitan a cada entidad, según sus propios criterios de evaluación, decidir si está dispuesta a asumir ese riesgo. Entre esas opciones podría considerarse ampliar el margen de la TMC, entregando mayores herramientas para gestionarlo sin eliminar información relevante para la toma de decisiones.
Mauricio Burgos Navarrete
Director carrera Ingeniería en Control de Gestión
Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco
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