La concejala renunció a su cargo el día lunes, y ayer fue condenada por delitos que le impedirán ejercer cargos públicos.
Al cumplimiento de 2 penas que suman 602 días de presidio, además del pago de multas por 33 UTM y la suspensión para ejercer cargos públicos por el tiempo que duren las condenas, fue sentenciada la concejala de Angol, Bernarda Del Pilar Valenzuela Aburto, por delitos de apropiación indebida y estafa por montos cercanos a los 20 millones de pesos que afectaron a integrantes de 4 comités de vivienda de la comuna.
La imputada fue condena en un procedimiento abreviado en el que admitió los hechos contenidos en la acusación de la Fiscalía y quien el día lunes renunció a su cargo como concejal poco antes de conocer la sentencia.
Hay que recordar que la concejal -según dio cuenta la fiscalía- entre 2012 y 2018 brindó asesoría informal a los comités habitacionales Renacer y Quelentaro, sin tener la calidad de Entidad Patrocinante conforme a la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicha función le permitió con el paso del tiempo hacerse de la confianza de la junta directiva y socios, quienes le permitieron administrar y custodiar los dineros que la propia imputada les pedía para la postulación y obtención de subsidios habitacionales, como cuotas de ingreso al comité, gastos en corredor de propiedades, terreno, o gestiones ante el Conservador de Bienes Raíces, mensualidades. La investigación de la Fiscalía determinó que entre abril de 2016 y diciembre de 2017 se apropió de $15.693.800. En 2018, frente a una serie de irregularidades los directivos de los comités le solicitaron la restitución de los montos custodiados y administrados por la imputada, lo cual nunca ocurrió.
Por este hecho, calificado como propiación indebida de dineros, fue condenada a 541 días de presidio, multa de 21 UTM y suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena.
Además durante el año 2016, la imputada asesoró a los Comités Wiji Mapu y Los Poetas de Chile, logrando con engaños que 21 de sus socios le entregaran $4.827.000 por conceptos que no tenían ningún tipo de justificación o razonabilidad para la postulación o adjudicación de subsidios habitacionales.
Por esto último fue condena por estafa residual a la pena de 61 días, además de multa de 11 UTM y suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena.
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