Antecedentes obtenidos por transparencia revelan que jefe de división regional es beneficiario de Beca de Doctorado Nacional ANID con dedicación exclusiva a sus estudios, mientras ejerce funciones directivas como cargo de confianza del Gobernador René Saffirio en el Gobierno Regional, recibiendo doble remuneración del estado.
Marco Rosas Leutenegger, que actualmente se desempeña como Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER) del Gobierno Regional de La Araucanía sería simultáneamente beneficiario de la Beca de Doctorado Nacional otorgada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), según consta en documentos obtenidos a través del Portal de Transparencia.
Los antecedentes
De acuerdo a la respuesta entregada por la Subdirección de Capital Humano de ANID, con fecha noviembre de 2025, a la solicitud de transparencia código AJ008T000XXXX, Marco Rosas Leutenegger, RUT 16.337.536-2, “es beneficiario de la Beca de Doctorado Nacional, convocatoria desde 2024”.
Dicha beca, financiada con recursos fiscales, es decir, con dinero de cada uno de los chilenos, está destinada a apoyar la formación de capital humano en Chile y contempla beneficios que incluyen arancel, manutención mensual a él y su familia, y otros aportes durante el período de estudios doctorales.
Paralelamente, según información disponible, el mismo profesional ocuparía actualmente el cargo de Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE Araucanía, una posición directiva de exclusiva confianza del Gobernador Regional René Saffirio Espinoza, con remuneraciones que en la escala de cargos directivos regionales superarían los seis millones de pesos mensuales según información de transparencia del portal del GORE Araucanía. Si estudia con dedicación exclusiva, ¿en qué tiempo se dedica a trabajar por el desarrollo de la segunda región más pobre del país?
El nombramiento del cuestionado funcionario como jefe de DIPLADER se habría producido a comienzos de septiembre de 2025, según se desprende de una demanda de tutela laboral interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco por Gissel Treulén Seguel, quien ocupaba dicho cargo hasta el 29 de agosto de 2025.
En la acción judicial, la ex funcionaria sostiene que su desvinculación se habría producido días después de negarse a autorizar un trato directo para la adquisición de un software por aproximadamente 25 millones de pesos, al considerar que el procedimiento no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.886 de Compras Públicas.
La demandante alega que Rosas Leutenegger habría participado junto al Jefe de Gabinete del Gobernador en la gestión de dicha adquisición, y que su posterior nombramiento como jefe de la división evidenciaría que su salida respondió a una represalia por cumplir con sus deberes legales.
Las interrogantes que el Gobernador debe responder a la ciudadanía
Los antecedentes recopilados abren una serie de preguntas que interpelan no solo a las autoridades, sino a todos quienes financiamos el Estado con nuestros impuestos:
Mientras miles de chilenos luchan por acceder a ayudas sociales básicas, mientras estudiantes de regiones deben endeudarse para costear sus estudios, surge la pregunta incómoda: ¿es justo que una misma persona reciba una beca de manutención diseñada para permitir dedicación exclusiva al estudio y, al mismo tiempo, perciba un sueldo directivo que supera varias veces el ingreso promedio de una familia chilena (más de 6 millones de pesos mensuales)? ¿Dónde queda el principio de equidad en la distribución de los recursos públicos?
Los programas de doctorado exigen dedicación intensiva: cursos, investigación, publicaciones, asistencia a seminarios, redacción de tesis. Una jefatura divisional en un gobierno regional implica responsabilidades que difícilmente se compatibilizan con horarios académicos. La pregunta es directa: ¿se está cumpliendo realmente con las obligaciones académicas que justifican la beca? ¿O el Estado está financiando estudios que no se realizan con la dedicación comprometida? ¿En qué momento se estudia un doctorado si se trabaja a tiempo completo?
El caso cobra especial relevancia considerando el contexto de su nombramiento. Si las alegaciones judiciales se confirman, estaríamos ante un escenario donde quien facilita procedimientos cuestionados es premiado con un ascenso, mientras quien defiende la legalidad es removida. ¿Qué incentivos genera esto para los miles de funcionarios públicos que día a día enfrentan presiones para actuar al margen de la norma? ¿Qué mensaje se envía a los funcionarios públicos?
Cuando un ciudadano común omite información para acceder a un beneficio social, enfrenta sanciones y debe restituir lo percibido indebidamente. Cuando esto ocurre en las altas esferas de la administración regional, ¿se aplican los mismos estándares? La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cada vez que percibimos que las reglas no son iguales para todos. ¿Existe un doble estándar en la administración pública?
Según se informó a este medio, los antecedentes serán presentados ante la Contraloría General de la República para que el órgano fiscalizador determine si existe alguna irregularidad administrativa en la situación descrita y, de ser procedente, adopte las medidas que correspondan.
La ciudadanía espera respuestas claras. Se trata de exigir que quienes administran recursos de todos los chilenos lo hagan con la probidad y transparencia que el cargo demanda.
Los antecedentes completos han sido recopilados a través de solicitudes de acceso a la información pública amparadas en la Ley N° 20.285.
Nota del editor: Esta publicación se basa en documentos oficiales obtenidos por transparencia y en alegaciones contenidas en una demanda judicial en tramitación.
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