Hoy en Chile millones de personas realizan trámites con el Estado desde su teléfono o computador. Obtener certificados, postular a beneficios o acceder a información pública ya no exige necesariamente largas filas en oficinas públicas. Herramientas como la ClaveÚnica y plataformas como ChileAtiende y los portales electrónicos de distintos ministerios y municipios han permitido avanzar hacia un Estado más accesible y eficiente. Sin embargo, este proceso abre una pregunta más profunda: ¿la digitalización del Estado está fortaleciendo nuestra democracia o simplemente está trasladando la burocracia tradicional a plataformas tecnológicas?
La transformación digital del Estado no se reduce al desarrollo de sistemas informáticos. También requiere que las personas cuenten con las competencias necesarias para utilizar estos servicios y participar en los espacios públicos que hoy se desarrollan en entornos digitales. Como advertía el sociólogo Manuel Castells en su análisis de la sociedad red, las democracias contemporáneas dependen cada vez más de la capacidad de los ciudadanos para interactuar en entornos digitales y acceder a información. En este contexto, la ciudadanía digital se vuelve una condición clave para el funcionamiento de la vida democrática.
Existe además un riesgo que pocas veces se discute. La digitalización puede terminar reproduciendo las mismas lógicas de la burocracia tradicional, pero en formato digital. Formularios extensos, plataformas que no dialogan entre sí o sistemas poco intuitivos pueden transformar la promesa de simplificación en una nueva forma de burocracia: la burocracia digital. En lugar de facilitar la relación entre el Estado y las personas, estos sistemas pueden generar nuevas barreras de acceso.
Este problema se vuelve particularmente visible cuando se observa la realidad territorial del país. En muchas regiones, donde persisten brechas de conectividad y alfabetización digital, la digitalización no siempre simplifica el acceso a los servicios públicos. Trámites que antes podían resolverse presencialmente ahora requieren navegar distintos portales, registros y validaciones electrónicas. Más que acercar el Estado a las personas, estos procesos pueden generar nuevas formas de exclusión administrativa. Desde la perspectiva de la administración pública, el desafío no es solo digitalizar trámites, sino rediseñar los servicios desde la experiencia del usuario, simplificando procesos y evitando que la complejidad institucional recaiga sobre la ciudadanía.
La modernización del Estado no se mide solo por la cantidad de trámites disponibles en línea. Se mide por la capacidad de las instituciones para garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos en el entorno digital. Si la transformación tecnológica no va acompañada de ciudadanía digital e inclusión, corremos el riesgo de construir un Estado más eficiente, pero también más distante. Y en democracia, la tecnología solo tiene sentido cuando acerca el Estado a la ciudadanía, no cuando la deja fuera.
Marco Luna Macalusso
Director Carrera Administración Pública
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco
Deja un comentario