El reciente ajuste al MEPCO abre una discusión necesaria. Nadie desconoce que el alza internacional del petróleo, agudizada por el conflicto en Irán, junto con la presión del dólar en las últimas semanas, ha encarecido los combustibles. En ese escenario, es comprensible que el Gobierno busque revisar un mecanismo que por años ha amortiguado las variaciones bruscas de los combustibles. Sin embargo, que una medida sea entendible desde lo técnico no significa que llegue en el mejor momento.
Modificar el cálculo del precio de paridad de importación, ampliando de dos a cuatro semanas el período considerado, puede suavizar el traspaso inmediato de las alzas externas a los precios internos, pero ese cambio no explica por sí solo la preocupación actual, el problema de fondo es que, frente a un shock externo tan fuerte, el MEPCO amortiguará menos el aumento y, por lo mismo, una mayor parte de ese costo terminará trasladándose a los consumidores.
La preocupación es aún mayor en el caso de la locomoción colectiva, y lo escuchamos a diario. Micros, buses y colectivos operan con márgenes estrechos, y cualquier aumento sostenido en el costo del combustible termina presionando tarifas de un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y adultos mayores. Por eso, si el Ejecutivo estima necesario sincerar el funcionamiento del MEPCO, debiera hacerlo acompañado de medidas claras de mitigación para el transporte público y para los sectores más expuestos. La responsabilidad fiscal es importante, pero también lo es cuidar el impacto social de decisiones como esta.
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