El devastador sistema frontal que golpea a gran parte del territorio nacional mantiene en máxima alerta a las autoridades, consolidando a la Región de La Araucanía como el límite sur de un fenómeno climático que ya deja saldos críticos a nivel país.
De acuerdo con el último balance consolidado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el temporal ha dejado un trágico saldo nacional de cuatro personas fallecidas, una desaparecida y 1.652 damnificados. Sin embargo, la mayor preocupación de los equipos de emergencia se concentra en la pérdida de conectividad: un total de 16.607 personas permanecen completamente aisladas debido a los masivos cortes de rutas, desbordes de cauces y deslizamientos de tierra registrados en la franja afectada, que se extiende desde Atacama hasta La Araucanía.
Monitoreo y afectación habitacional
La Araucanía ha debido enfrentar intensas lluvias y ráfagas que han puesto a prueba la infraestructura rural y conectividad interior de la región. A nivel nacional, Senapred ya contabiliza 21 viviendas completamente destruidas, 544 con daño mayor y más de 12.000 con afectaciones menores, un escenario habitacional que mantiene bajo estricta evaluación a los comités de emergencia locales en las provincias de Cautín y Malleco para evitar que las familias queden desprotegidas ante la humedad y el frío.
Aunque el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que las precipitaciones mostraron una ligera tregua durante las últimas horas del fin de semana, los equipos de emergencia regionales continúan desplegados en terreno. El foco principal está puesto en las zonas rurales apartadas de La Araucanía, donde los caminos vecinales sufren la saturación de los suelos, amenazando con incrementar las cifras de aislamiento si persisten las condiciones inestables.
Mientras regiones del norte como Coquimbo evalúan la necesidad de declarar Zona de Catástrofe e inyectar fondos extraordinarios debido al colapso de centros asistenciales, en el sur el monitoreo de ríos y esteros sigue siendo la prioridad número uno para prevenir desbordes que afecten a las comunidades agrícolas y sectores residenciales vulnerables.
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