La pandemia del Covid-19, que ha causado miles de fallecidos a nivel mundial, también ha golpeado gravemente los modelos económicos que parecían tener cierta “estabilidad”, Chile no ha sido la excepción, en los últimos meses la cesantía se elevó a un 11, 2% su registro más alto en 16 años según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Para reactivar la economía, los diputados y el gobierno han implantado ciertas medidas, la más aplaudida, fue permitir el retiro del 10% de las AFP, la cual fue aprobada en el senado hace apenas un par de semanas.
Sin embargo, ahora se abre un nuevo capítulo dirigido a “súper ricos” por parte de los diputados Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Alexis Sepúlveda (PR), Raúl Soto (PPD), Camila Vallejo (PC) y Esteban Velásquez (FRVS).
La propuesta presentada el pasado mes de junio, se trata de una reforma constitucional que permitiría cobrar, por única vez, un tributo de 2,5% a las personas que tengan más de US$ 22 millones en bienes, con residencia en Chile y se considera el patrimonio declarado por el contribuyente al 31 de diciembre de 2019, tanto al interior como fuera de nuestro país. Este último criterio, con la intención de eliminar el riesgo de comportamientos elusivos y además le permite al contribuyente utilizar cierta información que ya está disponible (balances, certificados, tasaciones, entre otros).
“¿Cómo puede haber tanta desigualdad en un solo país?”
La diputada Karol Cariola del Partido Comunista en unas recientes declaraciones explicó que dicho proyecto de ley se propone como un artículo transitorio a la constitución donde con ese impuesto del 2,5 por única vez al 0,1% de la población que es la que entraría en el estándar por su patrimonio, se pueden recaudar entre 4 a 6 mil millones de dólares.
“Sabemos que lamentablemente en Chile, la torta está muy mal repartida, mientras hay sectores de nuestra población muy mayoritario que lo están pasando mal en esta crisis, que están pasando hambre que se están teniendo que alimentar en ollas comunes. Por otra parte, hay un sector que ha tenido un aumento de incluso 25% en sus utilidades en sus ganancias y en su patrimonio, ¿Cómo puede haber tanta desigualdad en un solo país?” explicó Cariola.
A su vez, diputada señaló que se está viviendo una crisis económica, “lo que va a significar tener más de tres millones de personas cesantes, esa realidad requiere tener un estado fuerte (…) el estado necesita reactivarse económicamente y para eso recaudar la mayor cantidad de recursos.”
“No solo hablamos de capital móvil, estamos hablando de capital inmóvil también, como las casas, los yates, y todas aquellas cosas que se tienen en nuestro país y que las acumula un 0,1%, son cerca de 1600 personas, cerca de 1600 y 1900 personas, son esas personas las que nosotros creemos que hoy día tienen que hacer un aporte para que nuestro país pueda salir adelante” aseguró.
Experiencia Internacional
De los 13 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e implementaron en algún momento este tipo de impuestos solo se mantienen España, Noruega y en algunas regiones de Suiza.
Al respecto, David Bradbury, jefe de política tributaria y estadística de la OCDE, en una declaración a el PULSO, expresó que los países que no decidieron continuar se debió una baja recaudación de fondos. Sin embargo, acuerdos de transferencia de información financiera podrían resolver en gran medida ese problema.
Aunque no descarta el impuesto, Bradbury insiste en que por sí solo no representa una redistribución relevante de los ingresos de un país. De hecho, afirma que, en general, las transferencias son aún más importantes que el sistema tributario.
“Muchos países han experimentado incrementos en la desigualdad en los recientes años. Eso es algo que puede minar la credibilidad del sistema económico y social. En algunos casos, particularmente donde se acusa una inequidad particularmente alta, es aún más importante que el gobierno piense tomar acciones para asegurar no solo que la economía crezca, sino que eso ocurra en forma inclusiva, es decir, procurando que los beneficios del crecimiento sean disfrutados por una parte amplia de la población. La inversión es un materia muy importante en áreas como la salud y la educación, sin mencionar infraestructura y muchas otras áreas. De hecho, en la Ocde hemos observado que a la hora de redistribuir, casi dos tercios dependen de las transferencias, mientras que los impuestos son responsables de solo un tercio.” expresó.
En el caso específico de Chile, se le preguntó su opinión de que dicho impuesto transitorio sea planteado para enfrentar la pandemia a lo que respondió: “Nosotros sugerimos decididamente que este no es el tiempo para que los países hagan reformas estructurales de largo plazo. Todavía estamos en medio de una crisis y decisiones de esa naturaleza se deben tomar cuando ya se haya controlado la pandemia y nuestras economías estén en un camino de recuperación. Por lo tanto, las políticas que se tienen que tomar en este momento, en general, debieran ser temporales”
Las dos caras de la moneda tienen argumentos válidos, para una futura aprobación o desaprobación del impuesto único, el cual continua en discusión, sólo nos deja dos interrogantes finales ¿Podrá ayudar con la crisis causada por la pandemia en Chile? O, por otro lado, ¿Será solo una solución momentánea la cual podría afectar en un futuro a la población chilena?
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