El terrible asesinato de la joven Ámbar Cornejo, causo inmensa conmoción en la opinión pública, así como gran indignación, hacia el sistema de justicia cuando se supo que primer sospechoso era Hugo Bustamante, conocido como “asesino de Tambor” quien entro a prisión en el año 2005 por el homicidio de su ex pareja y el hijo de ella de ocho años, siendo condenado en aquel momento a 27 años de prisión, pero quedo libre en 2016 por un beneficio carcelario.
Bustamante, actualmente era pareja sentimental de la madre de Ámbar (16), en su oscuro pasado escondió los cuerpos de su pareja Verónica Vásquez y del hijo de ésta, Eugenio, en un tambor y rellenados con agua, cal y yeso, por eso su conocido ápodo “asesino del tambor”. Tras este atroz crimen, una de las interrogantes que saldría a relucir es ¿Cómo 11 años después se encontraba en libertad?
Fue Silvana Donoso, la jueza que en el año 2016 habría otorgado la libertad condicional a Bustamante, beneficio al cual pudo acceder tras cumplir 10 años y un día, de condena, el mismo fue revisada y aprobada por una comisión de jueces.
Se conoció que, para aquel momento, en la revisión de cautelares de la comisión de libertad condicional que sesiono, 742 presos obtuvieron el beneficio, correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Uno de ellos era Bustamante. Mientras, más de 1.600 reos lo consiguieron a nivel nacional.
En el caso específico de Bustamante, trascendió que Gendarmería le habría enviado un informe a la juez, expresando que no era recomendable otorgarle la libertad:
“El interno requiere intervención y un mayor periodo de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto (…) por lo que no se recomienda otorgar libertad condicional”, citaba dicho informe.
Sin embargo, se le fue otorgada la libertad condicional en 2016, en una entrevista realizada a la juez ese mismo año, la misma expresó: “si yo fuera juez y dijera que hay delitos que me repugnan, y frente a esos delitos yo tuviera una especial crueldad para juzgarlo, yo no debería ser juez”.
“Yo no puedo tener preferencia por delitos o tener animadversión por otros”, complementó la magistrada, destacando que en dicho beneficio se liberó a cientos de reos.
Asimismo, afirmó que “yo no juzgo a un violador, yo juzgo a alguien que en algún momento de su vida cometió una conducta que para el derecho penal se tipifica como violación”.
Acusación constitucional contra la juez
Este jueves, el diputado Andrés Longton presentó formalmente la acusación contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por notable abandono de deberes. El libelo fue apoyado por todos los diputados de Chile Vamos, así como también fue respaldo en la oposición, como ahora con Flores, ex presidente de la Cámara.
“Las autoridades del Gobierno y del Poder Legislativo pueden ser fiscalizadas, la pregunta que uno se hace ¿y por qué las autoridades del Poder Judicial no pueden ser fiscalizadas? Este es un instrumento de fiscalización y lo estamos utilizando en el cumplimiento de nuestro deber constitucional”, expresó Flores.
“El proceso verá qué tan culpable es esta ministra de corte que a nuestra manera de ver obró mal, lo que tenemos que definir es si la actuación fue un error imperdonable o sencillamente es negligencia, va a tener todo el derecho de expresar su defensa”, añadió.
Consultado por el resto de los diputados DC, Flores respondió que “estamos actuando en conciencia cada uno de nosotros, con los que nos hemos encontrado en pasillos, yo diría que la gran mayoría se ha manifestado a favor de este procedimiento de fiscalización.”
Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde, quien también se sumó al libelo, señaló que “es una acusación constitucional distinta, por primera vez no hay bloques políticos, es transversal. He venido a firmar como mujer, como madre y como una persona que está viendo todas las irregularidades desde el punto de vista de lo que ha hecho esta ministra.”
Abogadas se solidarizan con la juez
Por medio de una declaración pública firmada por al menos 44 abogadas defensoras y académicas de diversas casas de estudio en defensa de la jueza hoy cuestionada por la resolución que en 2016.
“Como mujeres, abogadas y académicas de Derecho y Criminología, todas defensoras de los derechos fundamentales de las personas, todas conocedoras de la importancia de la inserción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, rechazamos las demandas de mayor punitivismo y el ataque recibido por la ministra Silvana Donoso, en relación con la libertad condicional otorgada en el año 2016 al presunto autor del lamentable femicidio de la adolescente Ámbar”, señalan.
En cuanto a la resolución que otorgó la libertad condicional a Bustamante y más de 700 reos de la región Valparaíso, recordaron que esta fue pronunciada “por una Comisión formada por cuatro magistrados y debidamente motivada en los criterios objetivos establecidos en la ley vigente a la época, es decir, respetuosa de la legalidad”.
“Entendemos que el principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho y su observancia es más que esperada, siendo obligatoria en la labor judicial”, enfatizan.
Es por ello que plantean que “insinuar o afirmar que Silvana Donoso tiene responsabilidad en el lamentable y brutal femicidio de Ámbar es irresponsable y equivocado”.
Y junto con plantear su solidaridad a la ministra Donoso hacen un llamado a que “los temas relevantes para el país, como la violencia contra las mujeres, sean tratados con la seriedad y el cuidado que merecen”.
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