El fiscal de alta complejidad Carlos Cornejo fue removido de su cargo en medio de una creciente controversia política y judicial en la Región de La Araucanía. La decisión se produce un día después de que el exdiputado Mauricio Ojeda exigiera públicamente su salida, tras presentar una querella criminal por tráfico de influencias en contra del fiscal regional Roberto Garrido.
Sin embargo, las presiones para apartar a Cornejo no son nuevas. En junio del año pasado, el gobernador regional René Saffirio ya había solicitado su remoción, cuestionando la lentitud en el avance de la investigación del denominado “caso Convenios”, que indaga millonarias transferencias a fundaciones durante la administración anterior del Gobierno Regional.
En esa oportunidad, Saffirio fue enfático en criticar el desempeño del fiscal. “Las investigaciones no están avanzando con la celeridad que el caso requiere… esperaría que el fiscal regional tome la decisión de cambiar al fiscal que ha estado investigando estas causas”, señaló. Además, emplazó directamente a Garrido a asumir personalmente el liderazgo de las indagatorias.
Pese a las críticas, el fiscal regional Roberto Garrido defendió públicamente la labor de Cornejo, destacando los avances alcanzados por la Fiscalía de La Araucanía en este tipo de causas. “Quiero destacar que la Fiscalía de La Araucanía es la región que está más avanzada en la investigación de los convenios. Es la única región que tiene personas acusadas por este delito, entre ellos dos altos funcionarios del Gobierno Regional, además de un diputado de la República”, afirmó.
Garrido hacía alusión al propio Mauricio Ojeda, quien recientemente volvió a prisión preventiva por resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, señalando que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.
La remoción de Cornejo se da así en un contexto de alta tensión institucional, marcado por cuestionamientos cruzados y un caso que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como judicial.
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