Recientemente se conoció un estudio de la Asociación de Retail Financiero (ARF) sobre los créditos informales (mayo 2026), los que por su naturaleza no están regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ni por la Ley de Protección al Consumidor. De ahí que sorprenda la alta cuantía de recursos monetarios movilizados en este escenario, situándose en US$ 4.000 millones al año (600 mil usuarios).
El informe señala que los préstamos informales forman parte de uno de cuatro bloques de ilícitos que se apoyan en la informalidad y en los avances tecnológicos, llegando los intereses al 10% diario. Sólo a nivel fiscal, las pérdidas, algo que no debe ignorarse en la actualidad, implican dejar de percibir impuestos en torno a US$100 millones anuales. Igualmente, la revisión plantea que la informalidad se extiende a lo largo del país, identificándose zonas de mayor exposición, como la denominada Macrozona Centro (Santiago y Valparaíso), en donde los grupos criminales se establecen cubriendo variados tipos de ilícitos, y por supuesto los créditos informales.
Particularmente, esta informalidad tiene sus alcances, los que se reflejan en abusos relacionados con la forma de pago, tasa de interés, reglas, forma en que se ejerce la cobranza, modo de operar en caso de impago, además de los efectos en la salud emocional y mental, entre otros. En tal sentido, recurrir al mercado informal, aun con las circunstancias mencionadas, que se asume son conocidas por quienes evalúan utilizarlos, resulta llamativo, pues las cifras demuestran la existencia de un público demandante. La pregunta es ¿por qué?
Al respecto, se puede considerar que dichos sujetos, personas o empresas, no ingresan al mercado formal debido a la disposición no oportuna de los recursos monetarios; a cifras de crédito poco atractivas; a deficientes antecedentes comerciales; a financiamiento solicitado por debajo de mínimos; a carecer de ingresos formales o mínimos; o a no cumplir algún requisito exigido.
De igual modo se puede mencionar un muy bajo nivel de cultura financiera y de comprensión de las entidades financieras, su operatoria y papel en el financiamiento buscado. Bajo ese contexto, la ARF sugiere algunas medidas para paliar la situación, las que apuntan a aumentar las facultades de la CMF y del SERNAC, adaptar condiciones regulatorias para recuperar a los consumidores de microcrédito informal, y finalmente que el Estado se comprometa a proporcionar educación financiera. Además, se sugiere revisar la Tasa Máxima Convencional (TMC), a fin de que considere segmentos de mayor riesgo crediticio.
Frenar el acceso a la informalidad es una gran tarea y desafío, pues para los afectados conlleva costos monetarios y no monetarios, por tanto, ello exige un alto compromiso, responsabilidad y respuesta social. En ese marco, los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refuerzan el llamado a la inclusión financiera como respuesta.
Finalmente, se deben aunar esfuerzos públicos y privados, con la participación de diversos actores de la sociedad para instaurar, reforzar o realizar los ajustes que permitan la existencia de espacios formales, visibilizándolos y difundiendo sus ventajas, así como los conocimientos y habilidades necesarios para que personas vulnerables accedan al crédito de manera criteriosa, solidaria y cuidada, evitando que se expongan a condiciones que agudicen aún más su fragilidad.
Mauricio Burgos Navarrete
Director carrera Ingeniería en Control de Gestión
Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco
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