Cuatro funcionarios activos de Gendarmería fueron detenidos por su presunta participación en una red de corrupción y tráfico de drogas operada al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Collipulli, en la Región de La Araucanía.
La investigación fue desarrollada durante varias semanas por el Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de Gendarmería en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI y el Ministerio Público. A los uniformados se les imputan los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, cohecho, soborno, asociación delictiva y la facilitación indebida de elementos prohibidos al recinto penal.
De acuerdo con lo detallado por el fiscal de Collipulli, Carlos Bustos, la red cobraba tarifas que oscilaban entre los 300 mil y 450 mil pesos por ingresar cada teléfono celular al penal, dependiendo de las características del equipo. La indagatoria contempla también la implicancia de cuatro personas privadas de libertad y colaboradores desde el exterior.
La directora regional de Gendarmería, coronel Ingrid Rojas, enfatizó la gravedad de los hechos y respaldó el procedimiento de detección interna: “Teníamos dos opciones: pararnos aquí adelante, agachar la cabeza y sentir vergüenza por este grupo de corruptos, o salir a señalar de frente que estamos todos unidos trabajando para el control de nuestro sistema”.
Tras las aprehensiones, se ordenó un sumario administrativo y se desplegaron allanamientos masivos en diversos módulos de la cárcel de Collipulli para incautar sustancias y artículos prohibidos, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente audiencia de formalización.
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