El fiscal aseguró que “No resulta serio ni responsable que se tejan teorías conspirativas apresurada y livianamente”, dijo en su cuenta pública.
Una importante reflexión en torno al aumento de violencia rural y los 6 muertos registrados en ese marco, durante el 2020 y lo que va del 2021, realizó el fiscal regional, Cristian Paredes, es su cuenta pública de ayer.
Y es que las cifras no son buenas, porque a pesar del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que rige en todo el territorio nacional desde marzo por el COVID-19, en el periodo se registraron 122 hechos de alta connotación, 50 más que el año 2019 (72), lo que representa un incremento de un 69%.
El 75% de estos episodios ocurrieron en la provincia de Malleco. Esto es, 3 de cada 4 delitos.
Lo más preocupante es el costo en vidas que tuvo esta violencia: los homicidios de cuatro personas durante 2020 y de otras 2 en los primeros días de 2021. Dos de las víctimas eran policías que fueron abatidos mientras cumplían con su deber.
“Es fundamental detenernos a reflexionar en torno a esto, No se trata de una cifra más, la muerte de un trabajador agrícola, de un parcelero, de un camionero, de un cabo de carabineros y hace un par de semanas de un subinspector de la PDI, no corresponden a meros episodios estadísticos, ni a una lamentable anécdota que pronto cae en el olvido o es opacada por otras noticias, que generalmente provienen del centralismo que nos agobia como país”, dijo el fiscal.
Agregó que “No podemos normalizar el homicidio de 6 personas en un lapso de un año. Y como Fiscalía debemos separar aguas, el resguardo de la seguridad pública es materia que compete a otros órganos del Estado, nuestra labor por definición siempre es posterior a la desgracia, cuando ya ésta aconteció”.
En ese maro, el fiscal aseguró que ” No es entendible tampoco que estos hechos pretendan ser legitimados por algunos sectores como expresión de un conflicto social y que un operativo como el desarrollado por la PDI en Temucuicui trate de ser minimizado en su relevancia o se ponga en duda enmascarando la actividad delictual de algunos, en demandas territoriales. No resulta serio ni responsable que se tejan teorías conspirativas apresurada y livianamente. Lo que ocurre en la región es grave, qué duda cabe, y cada órgano del Estado debe efectuar su rol conforme a Derecho. Por nuestra parte, todos estos hechos generan investigaciones que son llevadas adelante por la Fiscalía de Alta Complejidad y equipos especializados tanto de Carabineros como de la PDI”.
Respecto a cómo solucionar el conflicto y el rol de la Fiscalía, paredes indicó que” Es vana la pretensión de que el sistema de justicia penal resolverá el fondo de un conflicto que es de naturaleza social y política. No es serio endosar a la Fiscalía o a las policías la resolución de un problema que se arrastra por décadas, que tiene connotaciones políticas, económicas sociales y culturales en la relación que ha construido el Estado de Chile con el Pueblo mapuche. El año 2020 reitero, hemos tenido muy buenos resultados en la persecución de esta clase de ilícitos, con más sentencias, más personas identificadas, formalizadas y con cautelares intensas, y pese a ello, han ocurrido más hechos, y lamentamos más muertes”.
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